Noti-calle/Jaime Montejo, 19 de agosto de 2008.- Han llegado a nuestros oídos algunos comentarios sobre las posibles sanciones que nuestra organización va a recibir de la Sociedad Internacional de Sida (IAS) por haber impugnado al Jefe de Gobierno del Distrito Federal Marcelo Ebrard Casaubon en la Sesión de Clausura de la XVII Conferencia Internacional de SIDA, llevada a cabo entre el 3 y el 8 de agosto del presente año. Seguramente Luis Soto Co-Presidente de la IAS, Mats Ahnlund Director de Operaciones de la Conferencia de la IAS Ginebra, Carlos García de León de Ave de México, Juan Jacobo Hernández de Colectivo Sol; entre otros empresarios corruptos, filántropos tramposos, limosneros, mercenarios vendidos al mejor postor y burócratas que viven del Sida, ya decidieron la profundidad de un castigo de por vida hacia Brigada Callejera. Como si la vida fuera suficiente para castigarnos.
Sabemos que toda acción directa contra la sociedad del poder, trae consecuencias y consideramos que podríamos haber sido objeto de violencia policíaca como lo fuimos el 1 de noviembre de 2003 cuando el Grupo Tigre de los Grupos Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) a cargo del entonces Secretario Marcelo Ebrard Casaubon (hoy alcalde de la Ciudad de México), que dirigió operativos policiacos calificados como ilegales por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), golpeó brutalmente a Elvira Madrid y Jaime Montejo y privó ilegalmente de la libertad a este último y a un fotógrafo, por querer dejar constancia de la actuación ilegal de dicho “escuadrón de la muerte al servicio del narcotráfico y el lenocinio” donde operaban policías encapuchados, con patrullas y vehículos sin placas y sin números económicos para no ser rastreados por la ciudadanía. Sobre este caso y 76 más, la CDHDF emitió la Recomendación 6/2004 a la SSPDF, que pese a su carga moral no llevó a nadie a proceso por privación ilegal de la libertad, amenazas y violencia policiaca.
También contemplamos la posibilidad de sanciones de las IAS y del gobierno mexicano: no les tenemos miedo y sabremos cómo afrontar la represión con la cara en alto por haber levantado nuestra voz contra personajes funestos que borran con su mano derecha lo que hayan podido hacer con la izquierda. En este momento esperamos un mega operativo policiaco en las calles de la ciudad, donde probablemente las acusaciones penales sean el lenocinio, la trata de personas y la explotación sexual comercial infantil (ESCI) contra nuestras defensoras callejeras de derechos humanos y promotoras de salud. Y donde se utilice como prueba para fincar dichas responsabilidades penales, a los condones, lubricantes solubles al agua y material educativo.
ALIANZAS
Castigarnos a nosotros y nosotras por nuestros actos es una cosa, castigar a nuestros aliados coyunturales en la lucha por el acceso universal en Sida, equivale a aplicar la POLÍTICA DE TIERRA ARRASADA que el gobierno de los Estados Unidos aplica en Irak, y el gobierno mexicano federal, estatal y municipal aplica a las bases de apoyo zapatistas y Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MARZ) para erradicar al EZLN. Esta política se resume en la frase “la letra con sangre entra” para que en el futuro quienes pretendan alguna política de alianzas con nuestras organizaciones o solidarizarse con nosotros y nosotras ante agresiones externas, lo piensen dos veces y regateen su apoyo o unidad de acción. Si bien es cierto que hasta el 8 de agosto, día de la inauguración integramos la Coalición de activistas por el acceso universal en Sida y mantuvimos una relación formal con la “AIDS Healthcare Foundation (AHF)”, no significa que dichas iniciativas hubieran podido determinar el cese de nuestra protesta civil y pacífica. Este día funesto para los cirqueros y malabaristas de la lucha contra el Sida en México, ni siquiera traíamos camisetas de la Coalición y nadie más de dicha iniciativa participó que no fuéramos integrantes de Brigada Callejera y de la tendencia refundación de la Red Mexicana de Trabajo Sexual. Vincular a personas ajenas a nuestra protesta y pretender castigarlas es un despropósito que sólo pretende enfrentar a quienes buscan al igual que nosotros, garantizar el acceso universal en Sida en México, reduciendo el costo de los antirretrovirales que el gobierno mexicano compra a las trasnacionales farmacéuticas. La Coalición y la AHF no mandan sobre nuestra gente, no han mandado nunca y dudo mucho que en el futuro puedan hacerlo. Nuestra relación con dichas instancias fue coyuntural y exclusivamente implicó el tema del acceso universal, ningún otro asunto. Es más, en la última asamblea de la Coalición previa a la Conferencia tuvimos mucha claridad al mencionarles a nuestras compañeras y compañeros que Brigada y Red tendríamos una agenda independiente de la Coalición y de AHF, como adherentes de la Otra Campaña.
CAUSAS DE LA IMPUGNACIÓN:
Cuando empezó nuestra lucha por la aprobación de 35 becas para que igual número de trabajadoras y trabajadores sexuales de 22 organizaciones de base comunitaria pudieran asistir a la conferencia, así como un puñado de activistas; nos deslindamos de las personas yorganizaciones que integraron el Comité de Becas del Centro Nacional para la Prevención y Control del SIDA, CENSIDA, entre quienes seencuentra el Director Carlos Magis y dos de sus subalternos, RodríguezNolasco y Jesús Duarte quienes además de no conducirse con la verdad
han insistido en descalificar el procedimiento de solicitud y aceptación de dichas becas. Así mismo, las personas que integraron la Comisión de Becas de las organizaciones sociales participantes. Y si a eso le sumamos la exclusión de nuestras organizaciones de la
preconferencia de trabajo sexual “coordinada” por Alejandra Gil deAproase, tenemos algunas razones para inconformarnos ante el mundo.
Los señores Mats Ahnlund Director de Operaciones de la Conferencia dela IAS Ginebra de la IAS Ginebra y Ron Rosenes “activista” contratado por la IAS para enlazar a la sociedad civil y a otros activistas, sólo dejó un mal sabor de boca: ratificamos el racismo y clasismo con el que se conducen estas personas y el carácter de políticos profesionales al prometer aquello que no estaban dispuestos a cumplir, como es garantizar el acceso de algunas trabajadoras y trabajadores
sexuales excluidos de la conferencia.
Las otras razones de la impugnación. Marcelo Ebrard: su política de cero tolerancia hacia el trabajo sexual, el cierre de más de 150 establecimientos donde el Gobierno del Distrito Federal (GDF) presumía ejercicio del trabajo sexual. La detención de más de 760 personas en lo que va de su mandato (un año y 7 meses) de las cuáles por lo menos la tercera parte eran trabajadoras y trabajadores sexuales, acusadas de trata de personas, lenocinio y explotación sexual comercial
infantil. La intención sistemática de su gobierno de legalizar el control sanitario de las trabajadoras y trabajadores sexuales y de destruir los lazos comunitarios de solidaridad que han evitado la expulsión de este sector de la clase trabajadora de la calle donde se
gana la vida. Cero tolerancia hacia encargados, recamareras, personal de intendencia, taxistas y todo el beneficio de la ley o su desconocimiento a los grandes mafiosos del talón: Pancho Soto,
Tzuzumo, Iglesias, Del Vals, el general Nájera, entre otros.
La primera clínica de Sida en México, la clínica condesa donde existe una lista de espera para PVVS, particularmente trabajadoras y trabajadores sexuales. La negación de medicamento a este sector de la clase obrera por presumir que son adictos y que por lo tanto no grantizarán adherencia terapéutica así como la larga espera para los estudios de conteos de CD4 y carga viral. La asignación de antirretrovirales (ARVs) sin tomar en cuenta los indiciadores que
establece la Guía de ARV en México, así como el trato prepotente que reciben muchas personas en dicha institución. El cambio reciente, coyuntural y mediático de coordinación en el marco de la XVII Conferencia Internacional de Sida no ha garantizado todavía un cambio
en la atención. Si esa política de cero tolerancia, coadyuva a la prevención del
VIH/Sida en el Distrito Federal, que alguien argumente a su favor para ver si hay consistencia en dichos planteamientos. El trabajo de esquiroles de los funcionarios del GDF en busca de garantizar la reubicación de las trabajadoras y trabajadores sexuales de Circunvalación, San Pablo, Izazaga, Tlalpan y vialidades de Sullivan, entre otras, sin un marco jurídico y en cambio con la garantía de financiamiento a las organizaciones civiles que se han sumado a dicha
iniciativa como es el caso de las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor de la Merced, que a cambio de dicho apoyo le dan la espalda a las trabajadoras sexuales y no conformes con ello compran la conciencia de algunas líderes de la zona para legitimar dicha política
de despojo de las fuentes de trabajo sexual de las zonas mencionadas.
