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Hasta Encontrarlos (10 sin leer)

September 27, 2008
5:39
CARTA A JANAHUY Y CRISTINA PAREDES LACHINO
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A UN AÑO DE LA DESAPARICIÓN FORZADA DE SU PADRE FRANCISCO PAREDES RUIZ

No encuentro palabras para describir lo que en estos momentos siente mi corazón, pero se que ustedes comprenderán lo que quiero expresarles. Lo saben por que al igual que yo han pasado por un duro caminar durante todo este tiempo en el cual no hemos sabido nada de nuestros padres.

Sé que el tiempo ha sido largo y la espera aun peor. Los días sin ellos han sido difíciles, el no poder abrazarlos, verlos y decirles cuanto los amamos nos llena de impotencia, angustia y dolor. Sin embargo, estamos aquí y seguiremos hasta el cansancio hasta encontrarlos.

La desaparición forzada de nuestros padres nos ha puesto en el mismo camino, luchar y exigir la presentación con vida de ellos y de todos los desaparecidos en nuestro país, el camino ha sido difícil, nos enfrentamos ante un Estado de completa impunidad e injusticia, sin embargo sabemos que el delito que se esta cometiendo en contra de nuestros padres es sumamente grave, tiene que ser castigado y no debe ser olvidado.

Nuestros padres lucharon por legarnos una mejor forma de vida, sembraron en nosotros la semilla de la dignidad y la justicia, y es por eso que no podemos dejar de luchar. Cada vez que sientan que no pueden más, por que todo se torna gris busquen en sus recuerdos la imagen de ese padre amoroso, luchador, divertido, que trato de enseñarles lo mejor de esta vida y encontraran en ellos la razón y la fuerza suficiente para seguir adelante.

Hoy a un año de la desaparición de nuestro padre Francisco Paredes Ruiz, les digo que no cesaremos en nuestra lucha Hasta Encontrarlo, que no hay ni olvido, ni silencio para nuestros familiares desaparecidos, que su lucha es mi lucha y su dolor es mi dolor, que somos hermanas no de sangre pero si de lucha.

El Estado sin duda le apuesta al olvido y al desgaste de nuestras familias. Con informaciones distorsionadas, declaraciones absurdas, hostigamientos e intimidaciones buscan que Delitos de Lesa Humanidad como la Desaparición Forzada de nuestros padres quede impune.

Sin embargo a pesar de todo lo que digan o hagan las autoridades para tratar de desgastar a las familias no lograran hacerlo, pues nuestra lucha es firme y clara y estamos convencidas de lo que estamos haciendo y por que lo hacemos.

El sufrimiento de nuestros padres, por tanto tiempo de injusta detención, no quedara impune, lucharemos hasta lograr su PRESENTACIÖN CON VIDA y por el castigo a los responsables.

JANA Y CRISTY nunca olviden, nunca perdonen. Caminemos juntas ¡¡Hasta Encontrarlos!!.

Todo mi cariño, admiración y respeto.

¡¡POR QUE VIVOS SE LOS LLEVARON VIVOS LOS QUEREMOS!!

¡¡ NI UN DESAPARECIDO MÁS!!

¡¡ CASTIGO A LOS RESPONSABLES!!

Nadín Reyes Maldonado

Comité Nacional de Familiares de Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”

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5:33
A un año de la desaparición de José Francisco Paredes Ruiz
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Este 26 de septiembre se cumple un año de la desaparición de mi padre Francisco Paredes Ruiz; un año más de impunidad, un año de incertidumbre, de angustia y de coraje para nosotros como familiares y amigos, un año en el que hemos exigido y luchado por su presentación con vida, año en el que una vez mas el gobierno federal muestra su cara cínica con una burla, al no aceptar la desaparición de mi padre como desaparición forzada lo cual a llevado desde un principio a que el caso no lo tomen en serio y las investigaciones las lleven por líneas absurdas y tontas con su supuesto y viejo propósito de crearnos el desgaste moral.

Recordando que México a firmado y ratificado acuerdos internacionales sobre desaparición forzada de personas. Y a más de 6 años que existe en el estado una iniciativa sobre la ley de desaparición forzada de personas que prohíbe, erradica y sanciona este crimen de lesa humanidad, ha quedado en el olvido.

Este 26 de septiembre estaremos una vez mas en pie de lucha por la exigencia de la presentación con vida de mi padre Francisco Paredes Ruiz, luchador social quien dedicaba su vida a la defensa de las derechos humanos , antes de su desaparición, integrante de la Fundación Diego Lucero A.C. que promueve y defiende los derechos humanos.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) organismo que existe para evitar las violaciones a los derechos humanos, ha mostrado su incompetencia en el caso de mi padre Francisco Paredes Ruiz.
Hoy por el clima que se vive en este estado de Michoacán, de terror y miedo por las detonaciones del 15 de septiembre en donde murieron personas inocentes y muchas resultaron heridas, consternados por estos atropellos de este gobierno incompetente hacia nuestro pueblo; desapareciendo, masacrando y encarcelando a gente inocente.
Como familiares y victimas de este sistema hacemos la invitación a toda la sociedad civil para que juntos protestemos y rompamos con el cerco de la inseguridad que vivimos en estos momentos en nuestro estado, en donde el gobierno tanto federal como estatal no nos garantizan nuestra seguridad como lo deben de hacer, si no que nos militarizan las calles, y lo único que han hecho es violar día a día nuestros derechos constitucionales, abusando de la población michoacana con su supuesto "Golpe al narcotráfico"

Por eso hoy les pedimos que en cualquier lugar donde quiera que se encuentren den su solidaridad hacia nosotros: pronunciándose por la presentación con vida de mi papá y de todos los desaparecidos, hagamos una unidad por la vida, por la paz, la justicia y sobre todo por nuestra libertad
Independientemente de la forma de lucha que llevemos y como la llevemos siempre y cuando se a por una causa justa.

¡Vivos se los llevaron vivos los queremos!
¡Presentación con vida de Francisco Paredes Ruiz, Edmundo Reyes Amaya, Gabriel Alberto Cruz Sánchez, lauro Juárez, así como la de todos los desaparecidos del país!
¡Por la vida, libertad, la dignidad, la justicia y sobre todo por el amor, nunca más un desaparecido!
Janahuy Paredes Lachino
Comité Nacional de familiares por la presentación
con vida de las y los desaparecidos "Hasta Encontrarlos"

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5:24
Los Pinos, responsable del atentado en Morelia: EPR
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miércoles 24 de septiembre de 2008
■ La violencia, consecuencia del fracaso de la
■ El gobierno crea un escenario artificial para militarizar el país, afirma

“El acto de barbarie cometido en Morelia, Michoacán”, es responsabilidad “de quien ilegítimamente se asume como presidente”, sostuvo la Comandancia General del Ejército Popular Revolucionario (EPR); agregó que la violencia “incontenible y desbordada” que vive el país es consecuencia del fracaso de la política económica que por sexenios han impuesto los gobiernos panistas y priístas.

En un comunicado, el EPR aseguró que el gobierno federal “ha creado un escenario artificial para justificar la militarización, para que el señor (Felipe) Calderón siga jugando a la guerra”. Denunció que con el pretexto de combatir al crimen organizado se reprime impunemente a la población más desvalida, criminalizando la miseria y la lucha social.

En el texto, el EPR responsabilizó a la administración de Calderón de la violencia, ya que con sus actos ha convalidado las políticas que ahondan la inequidad social, “haciendo cada vez más ancha la brecha entre quienes amasan fortunas insultantes y los que sólo el hambre y la miseria son sus eternas acompañantes. Nadie más es responsable, los priístas y los panistas han llevado al país a la catástrofe económica, política y social”.

Respecto de los hechos ocurridos el pasado 15 de septiembre en Morelia, el EPR señaló que, “sin duda alguna, es un acto de provocación desde la derecha para justificar la militarización y el estado de sitio que vive la ciudad desde hace más de un mes. Una respuesta a la marcha de protesta del 29 de agosto que realizaron diferentes organizaciones populares, organismos defensores de derechos humanos y ciudadanos” contra la represión gubernamental.

También, insistió el grupo guerrillero, “es una represalia y provocación al gobierno del maestro (Leonel) Godoy, por solidarse en la exigencia al gobierno federal de la presentación con vida de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Francisco Paredes.

“Queda claro que las policías, el Ejército y las instituciones son grandes productoras de delincuentes con el Estado.” Agregó: “Ridículo resulta sostener que los delincuentes han infiltrado a las policías y a las instituciones”, el fenómeno de la delincuencia organizada es generado por y para beneficio del Estado y los diferentes grupos de poder económico y político que se disputan la hegemonía para garantizar sus intereses.

“A los priístas les beneficia la violencia incontrolable a cambio de que el PAN dé protección a gobiernos represivos y antipopulares que desaparecen luchadores sociales o torturan periodistas, como Ulises Ruiz en Oaxaca y Mario Marín en Puebla”, señaló el EPR.

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5:08
El gobierno de México incita a la tortura y la desaparición forzada
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domingo 21 de septiembre de 2008

■ Cejil: impulsa políticas represivas con el aumento de condenas

■ Permite la impunidad en violaciones a derechos humanos, señala
Emir Olivares Alonso

El Estado mexicano está obligado a garantizar la seguridad pública nacional bajo una perspectiva de derechos humanos, y sin embargo, ha impulsado políticas “represivas” como el aumento de penas y el incremento del arraigo hasta por 80 días, con lo que vulnera acuerdos internacionales e incita a prácticas como la tortura, la desaparición forzada y las detenciones arbitrarias, aseguró Soraya Long, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), organismo con estatus consultivo ante la Organización de Estados Americanos.
En entrevista, tras una visita de trabajo que esa organización realizó a México y que finalizó la semana pasada, Long aseguró que en distintos acuerdos y organizaciones globales se establece que aún en situaciones de terrorismo, los Estados deben establecer pautas básicas que garanticen los derechos fundamentales.
Asimismo, denunció que el Estado mexicano permite la impunidad en las violaciones a las garantías fundamentales, pues no ha cumplido completamente ninguna de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pese a haber ratificado el Sistema Interamericano en la temática. Con esa actitud, dijo, el gobierno de México demuestra su doble discurso en la materia.
Al hacer un estudio de la situación de las garantías fundamentales en el país, la directora del Cejil afirmó: “en México no se garantiza la seguridad pública desde la óptica de los derechos humanos, se ha omitido; por ejemplo, no vemos que exista ninguna garantía en temas como protección judicial o debido proceso dentro del marco de seguridad nacional”.
La activista recordó que las autoridades mexicanas están obligadas a brindar seguridad con base en una perspectiva en garantías fundamentales, por lo que al no hacerlo –como sucede con la política de Felipe Calderón Hinojosa– el Estado mexicano está vulnerado normativa internacional.
Las autoridades de este país “no pueden, por un lado, fomentar temas de seguridad represivos olvidándose de los derechos humanos porque con ello justifican la tortura, la detención arbitraria, la desaparición forzada y otros en aras de la seguridad nacional”, subrayó.
Agregó que el Estado mexicano ha incumplido con las recomendaciones de la CIDH, siendo las denuncias contra militares por violaciones a derechos humanos los que más resistencia generan de parte de las autoridades de este país.
“Con esto, el Estado mantiene un doble discurso: de liderazgo y promoción de esas garantías en el exterior, pero a nivel local no garantiza los derechos fundamentales, incumple con obligaciones internacionales y no armoniza la legislación interna con la externa”. Agregó que el incumplimiento radica básicamente en que no se presenta la reparación de daño a las víctimas ni se impulsan las investigaciones para sancionar a los responsables de violaciones a los derechos humanos.
Señaló que al incumplir con la CIDH, México no muestra interés, intención ni voluntad de garantizar los derechos humanos, y pone en duda que cuente con voluntad política para cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana, organismo judicial que ya analiza dos casos: la desaparición forzada en la década de los 70 de Rosendo Radilla, en Guerrero; y el conocido como “campo algodonero”, referente a las víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua

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September 22, 2008
9:28
El gobierno debe actuar con más claridad y a fondo para resolver la crisis con el EPR, exigen
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■ La comisión mediadora podría suspender su labor si las autoridades no coadyuvan
■ Esperan una respuesta para que la Sedena, el Cisen y la PGR les brinden acceso a datos

Fabiola Martínez

El escritor Carlos Montemayor, vocero de la comisión de mediación para el caso de los desaparecidos que reclama el Ejército Popular Revolucionario (EPR), solicitó al gobierno federal una decisión “más clara y a fondo” para que como intermediarios tengan acceso a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), al Centro de Información y Seguridad Nacional (Cisen) y a la Procuraduría General de la República (PGR).
De la respuesta que ofrezca el gobierno, posiblemente por medio de la Secretaría de Gobernación, los comisionados sabrán si el proceso de mediación continúa o se suspende definitivamente.

El escritor explicó que durante las indagatorias –tanto policiales como militares– ha habido “falta de coordinación” de dichas instancias gubernamentales, tanto para dar con el paradero de los eperristas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, como en los intentos de acercamiento con la directiva del grupo guerrillero.
Aunque el EPR hizo detonar bombas en instalaciones de Pemex (en julio del año pasado), precisamente para reclamar al gobierno la presentación con vida de sus compañeros (Reyes Amaya y Cruz Sánchez), Gobernación sólo dedicó en su segundo informe de labores seis líneas a este caso.

En la página 47, correspondiente a las acciones de la Subsecretaría de Gobierno que encabeza Abraham González Uyeda, se coloca en el apartado de “acuerdos” las reuniones efectuadas entre esta dependencia y la comisión de mediación para “sumar esfuerzos” a la aparición de los eperristas.

“Se ha reiterado la disposición del gobierno federal para que las familias de los señores Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez participen, bajo la figura política de la coadyuvancia, en las indagatorias que realiza la PGR. Asimismo, que algunos miembros de la comisión de mediación den seguimiento a las indagatorias que realiza el Ministerio Público”, se afirma en el informe gubernamental.

Montemayor dijo en entrevista que, de acuerdo con los documentos que la comisión de mediación hizo públicos el pasado 14 de agosto, las consultas realizadas por dicha instancia y los informes y testimonios recibidos por diversos sectores: analistas y ciudadanos, han llevado a este grupo de intermediadores al planteamiento de varias hipótesis que podrían aclarar muchas de las acciones “claras y ambiguas” del gobierno federal.

Por ejemplo, dijo, los numerosos intentos de parte del gobierno federal y de diversas corporaciones para establecer contacto con el EPR han oscurecido en algunos sectores, tanto policiales como militares, la función que puede desempeñar la mediación en esta mesa de diálogo.

Por otro lado, agregó, como lo expresamos en nuestros documentos del 13 de junio y del 13 de agosto, hay suficientes elementos para suponer que no hay una coordinación en el gobierno federal entre las dependencias policiales y militares que han intervenido en el esclarecimiento de esa desaparición forzada de personas y en los intentos de acercamiento formal e informal con el EPR.

“En este sentido la comisión de mediación entiende que el proceso requiere ahora una decisión más clara y a fondo del gobierno federal que debe consistir en la posibilidad de que los intermediarios podamos tener acceso a Sedena, Cisen y PGR, con el propósito de no triangular las posibles respuestas y planteamientos que hemos esbozado”, señaló Montemayor.

“Hasta este momento sólo el Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario ha dado una respuesta clara a propósito de la continuación de la tregua y a propósito de su interés porque la tarea de intermediación prosiga. La comisión continúa esperando una respuesta definitiva del gobierno federal”, dijo.

La comisión ha tenido algunos comunicados informales del interés que tiene el gobierno federal en que continúen desarrollándose las tareas de la comisión de intermediación. Sin embargo, esta instancia se encuentra a la espera y considera que antes de que termine este mes o a principios del próximo, el gobierno federal dará a conocer su decisión.

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9:04
Liberan a jefe policial arraigado por caso de desaparecidos del EPR
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No existen elementos para que se les someta a proceso penal, determinó el MP.

Octavio Velez Ascencio, Corresponsal Publicado: 26/07/2008 12:44

Oaxaca, Oax. El subdirector operativo de la Policía Ministerial del Estado, ahora Agencia Estatal de Investigación, Pedro Hernández Hernández y su chofer Ángel Reyes Cruz, quienes se encontraban arraigados en la ciudad de México por su presunta responsabilidad en la desaparición de dos miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR), Edmundo Sánchez Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, quedaron libres este sábado en la madrugada.
Al cumplirse el plazo de 90 días, dispuesto por el Juzgado Sexto de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, los funcionarios quedaron en libertad luego de haber sido detenidos el 25 de abril pasado por una orden de detención del Ministerio Público Federal, informó su defensor jurídico Francisco López Thomas.
El abogado dijo que el Ministerio Público Federal no consignó a Hernández Hernández y Reyes Cruz a un juez federal por no existir elementos para ser sometidos a un proceso penal porque las acusaciones de un testigo protegido, conocido con la clave Luna, eran endebles."No había pruebas claras y los señalamientos eran de oídas", señaló.
El jefe policíaco y su chofer, fueron detenidos por agentes de la Policía Federal Preventiva y soldados del Ejército Mexicano, por una orden de detención del Ministerio Público Federal adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas (UEITA) de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR, por estar imputados de los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada de personas en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEITA/047-08.

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9:00
La mediación
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Carlos Montemayor/II y última

En la entrega anterior expliqué la confusión que algunos sectores políticos, militares o policiales del gobierno federal pueden tener sobre la Comisión de Mediación, debido a los múltiples intentos gubernamentales por establecer canales de comunicación con el Ejército Popular Revolucionario (EPR). Aquí sólo me referiré a ciertas acciones militares y policiales que podrían arrojar indicios sobre el estado de los dos eperristas desaparecidos.

Ante la negativa de los representantes gubernamentales a considerar los documentos entregados el día 13 de junio como planteamientos que el gobierno federal debía contestar y aclarar, y ante la certidumbre de que el gobierno mexicano contaba con información que no ponía en conocimiento de la mesa, la Comisión de Mediación intensificó sus propias tareas de consulta con organizaciones, instituciones y familiares de los eperristas desaparecidos. El 7 de julio pasado se reunió con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y recibió una información muy útil y amplia sobre las numerosas acciones que ésta ha emprendido en torno a la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

El 16 de julio un grupo de trabajo de la Comisión de Mediación viajó a Oaxaca para realizar diversas entrevistas con los familiares de los desaparecidos, organizaciones sociales y civiles, servidores públicos de la Procuraduría de Justicia del estado y figuras individuales que años antes habían sido detenidas y desaparecidas, y por cuyo testimonio la Comisión de Mediación pudo entender una parte del modus operandi con que las autoridades policiales y militares se conducen durante los interrogatorios y torturas a las víctimas de desaparición forzada.

En este contexto adquirió sentido un peculiar operativo del Ejército Mexicano efectuado en Ciudad Nezahualcóyotl, estado de México, la madrugada del 2 de agosto de 2007.
El periódico La Jornada informó el día 3 que “en busca de presuntos integrantes del EPR, más de 150 elementos del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (Gafes) del Ejército Mexicano catearon cuatro casas y un edificio de 10 departamentos en la colonia El Sol… El operativo se inició alrededor de las 6:30 horas y concluyó poco más de una hora después... Los militares portaban pasamontañas y cubrieron los números de serie de los camiones y camionetas oficiales de traslado de personal…” Familiares y analistas cercanos a la Comisión de Mediación consideraron este operativo como una señal de vida de Edmundo Reyes Amaya, dado el modus operandi con que las autoridades proceden con personas que mantienen desaparecidas: elaboran una especie de “mapeo” de viviendas, lugares o personas vinculadas con los desaparecidos, que luego proceden a confirmar y recorrer.

Otra señal de vida ocurrió en agosto de 2007, cuando dos militares acudieron a las oficinas de la organización social Izquierda Democrática Popular (IDP) y ahí le informaron a Pablo Torres Hernández que los dos eperristas desaparecidos se encontraban vivos y recluidos en el Campo Militar número 1, en separos presuntamente adjuntos a la Puerta 1. Con ese motivo hubo varias diligencias en ese campo militar, dos de la CNDH y una ordenada por el juez sexto de distrito de amparo en materia penal; todas arrojaron datos negativos, pero la filtración misma abundó en la relevancia del papel del Ejército en este proceso de pesquisas y acciones del gobierno federal y en la sugerencia de que ambos eperristas se encuentran con vida.
Las versiones de la entrevista espuria con Gabriel Cruz Sánchez y de la supuesta negociación secreta entre el gobierno y el EPR constituye otro dato relevante como señal de vida de Gabriel Alberto Cruz Sánchez. El documento, abiertamente hostil a los hermanos Cerezo Contreras y a Tiburcio Cruz Sánchez, parte de dos supuestos básicos: primero, que lo tienen en su poder autoridades militares o agentes policiales federales; segundo, que está con vida.

Hay otra información quizás intencionalmente contradictoria. Durante la semana del 30 de junio al 4 de julio de este año, en la televisora del Canal 13 de Oaxaca la reportera Silvia Machuca presentó un reportaje sobre el EPR. En la última emisión dio a conocer una grabación anónima en la que se afirmaba que el EPR contaba con un campo de entrenamiento en la región Loxicha y que ahí la policía capturó a los dos eperristas y los llevó a la comandancia de la policía ministerial del estado en la ciudad de Oaxaca para internarlos en los separos. La voz anónima afirma que arribaron ahí a las 00:00 horas del 25 de mayo, cuando estaba de guardia el comandante Jonás Efigenio Gutiérrez Corro, llamado usualmente comandante Corro, quien no los quiso recibir por verlos muy golpeados. La grabación concluyó que de la comandancia conocida como “los Pinos” fueron sacados y entregados a los militares y que están muertos y sepultados en Oaxaca.

Por los comunicados del EPR se sabe que Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez fueron detenidos en la ciudad de Oaxaca, no en la región Loxicha. Esa parte de la información es intencionalmente errónea. Pero lo relevante es que una semana después de esa emisión televisiva, el 11 de julio de 2008, según informó el corresponsal Octavio Vélez Ascencio en La Jornada, efectivos de la Unidad Especializada de Investigaciones de Terrorismo de la SIEDO, perteneciente a la PGR, registraron precisamente ese cuartel general de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), denominado “los Pinos”, en la jurisdicción de Santa María Coyotepec, y las instalaciones del grupo Fuerzas Especiales de Alto Rendimiento, en la municipalidad de San Agustín de las Juntas, en busca de los dos eperristas, sin encontrar indicios de ellos. El procurador general de Justicia del estado, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, confirmó las acciones y afirmó desconocer qué fin tuvo el cateo.

Como destacó la Comisión de Mediación en el punto 32 de las Acciones oficiales y evaluaciones diversas, del mencionado documento del 14 de agosto, sería útil saber si este operativo de la PGR se derivó de la grabación anónima presentada por la conductora de televisión Silvia Machuca en la ciudad de Oaxaca, o si la información llegó a la PGR por otra vía y después fue filtrada. En cualquiera de las dos posibilidades, conceder a esa información la credibilidad suficiente como para motivar tal operativo se convierte en una señal de vida que convendría explicar suficientemente.

Pues bien, hasta este momento, ha habido una apertura y colaboración franca de organizaciones civiles como la LIMEDDH, la organización social IDP, la CNDH, y a título personal, analistas políticos, familiares de los desaparecidos y elementos militares o policiales. De manera oficial, el gobierno federal no ha expresado ninguna voluntad política de aclarar los puntos concretos planteados en documentos anteriores. Ahora se espera respuesta al reciente documento que la Comisión de Mediación hizo público el 14 de agosto.

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8:54
La mediación
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Carlos Montemayor (parte I)

A partir del documento que hizo público el 14 de agosto, la Comisión de Mediación entendió que había llegado a un punto que tanto podría ser sin retorno como de un avance cualitativo. Entendió también que necesitaban tiempo el gobierno federal y el PDPR-EPR para decidir lo que debía proceder en el futuro inmediato. El pasado 25 de agosto la organización popular armada confirmó en un amplio comunicado su disposición a que el proceso de mediación continúe. Resta ahora conocer si el gobierno federal mostrará una real voluntad política que se refleje en el diálogo de la Comisión de Mediación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la Procuraduría General de la República (PGR).

Con base en los 39 puntos de Acciones Oficiales y Evaluaciones Diversas, enlistados en el mencionado documento del 14 de agosto, explicaré en esta entrega la confusión que algunos sectores políticos, militares o policiales del gobierno federal pueden tener sobre la Comisión de Mediación debido a los múltiples intentos gubernamentales por establecer canales de comunicación con el EPR; en una segunda entrega me referiré a ciertas acciones militares y policiales que podrían arrojar indicios sobre la condición de los dos eperristas desaparecidos.

En los últimos meses de 2007, el general Tomás Ángeles Dahuajare, a la sazón subsecretario de Sedena, trató de establecer contacto directo con el EPR y para ello requirió de un colaborador de confianza, Alejandro Punaro, que en el pasado lo había apoyado en Guerrero. Alejandro Punaro laboró durante 29 años en la PGR, y en la Agencia Federal de Investigación (AFI) llegó a ser subdirector de Terrorismo, lavado de dinero y acopio de armas; se jubiló en 2005 y por su amistad con el general aceptó ayudarle en su propósito de establecer canales formales o informales con el EPR; por conducto de los directivos de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH) estableció contactos con familiares como Nadín Reyes Maldonado, doña Margarita Cruz Sánchez y Francisco Cruz Sánchez; en algunas reuniones, como las sostenidas con la esposa y el hijo de Edmundo Reyes Amaya, se agregaron elementos de la Secretaría de Gobernación.

Ocho días después de que ambos se habían entrevistado con integrantes de la organización política Izquierda Democrática Popular (IDP), Hermenegildo Torres Cruz fue detenido por elementos de la PGR, lo cual comunicó Alejandro Punaro al general por considerar sumamente delicado que una de las personas a las que se habían acercado para buscar comunicación con el EPR pudiera ser arrestada. El general intervino en diversas instancias para que el día 15 de septiembre Hermenegildo fuera liberado.Durante esos intentos de acercamiento hubo una coincidencia relevante: el cese del hostigamiento a los hermanos Alejandro y Francisco Cerezo Contreras. El 24 de abril de 2008, a las cinco de la tarde, recibieron los hermanos por correo electrónico las últimas amenazas y una entrevista espuria con Gabriel Cruz Sánchez.

A esa entrevista se agregó otra con José Antonio Ortega acerca del presunto financiamiento del EPR y de un acuerdo secreto entre el gobierno y la organización popular armada para pactar una tregua; el diario Milenio publicó la entrevista y semanas después retomó el asunto el periodista Raymundo Riva Palacio en El Universal. Ese mismo día el EPR emitió el comunicado mediante el cual desmintió el supuesto acuerdo secreto y propuso la integración de la Comisión de Mediación.
En la mañana del día siguiente, cuando Gilberto López y Rivas, Miguel Ángel Granados Chapa, don Samuel Ruiz y yo hicimos pública nuestra aceptación y pedimos como condición al EPR el compromiso de una tregua durante el tiempo que durara la mediación, en la ciudad de Oaxaca elementos del Ejército Mexicano al mando del general Oropeza Garnica tomaron el edificio de la Procuraduría de Justicia del estado sin mandato judicial ni orden legal alguna y se apoderaron de los libros de gobierno.

Al día siguiente, el 26 de abril, la Policía Militar y la Policía Federal Preventiva arrestaron a nueve elementos de la policía ministerial de Oaxaca presuntamente vinculados con la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Dos de esos nueve elementos fueron finalmente arraigados por la PGR como presuntos culpables de secuestro, crimen organizado y, destacadamente, desaparición forzada en perjuicio de los dos eperristas. Se trató de Pedro Hernández Hernández, subdirector operativo de la policía ministerial de Oaxaca, y de Ángel Reyes Cruz, agente de la misma corporación. Ambos fueron liberados al agotarse el plazo de su arraigo.

Esta acusación por desaparición forzada de persona fue relevante, porque los representantes gubernamentales se habían negado a la propuesta de la Comisión de Mediación de reclasificar la averiguación previa de la PGR por desaparición forzada en vez de por secuestro. El abogado defensor de los policías arraigados, Gerardo Francisco López Thomas, informó a la Comisión de Mediación que estaban acusados, por declaraciones de un testigo protegido a disposición de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), de desaparición forzada de persona, además de los delitos de secuestro y crimen organizado. Así lo confirmó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la reunión que sostuvo con la Comisión de Mediación la noche del lunes 7 de julio y así lo confirmó la nota del señor Guillermo Valdez, director del Cisen, dirigida a Raymundo Riva Palacio en el diario El Universal. Finalmente, Gobernación lo reconoció en un breve comunicado el pasado 14 de agosto.

Ahora bien, la relevancia de presionar y buscar contactos a través de los hermanos Cerezo Contreras deriva de una presunción esencial: creer que son hijos de Tiburcio Cruz Sánchez, reputado como dirigente principal del EPR. A partir de esta presunción se originaron diversas estrategias del Ejército y del Cisen, partiendo siempre de considerarlos canales de comunicación naturales con el EPR y, por tanto, de negociación con esa organización.

Las amenazas de muerte a los hermanos Cerezo Contreras constituyeron, a juicio de algunos sectores del Ejército y de corporaciones policiacas, un mecanismo de presión al EPR. Pudo pensarse en algunos sectores militares y policiacos que las amenazas serían útiles como disuasión para frenar un tercer atentado, aunque en realidad no funcionaron así para frenar el segundo de ellos.

Otra señal que varios sectores del gobierno creyeron estar enviando al EPR fueron los traslados carcelarios de Héctor Cerezo en diciembre de 2007 y de Antonio Cerezo en marzo de 2008, desde el penal del Altiplano La Palma o Cefereso número 1, en el estado de México, al penal Atlacholoaya, en Morelos.
Es razonable creer que en este contexto pudieron surgir las versiones de la entrevista espuria con Gabriel Cruz Sánchez y de la supuesta negociación secreta entre el gobierno y el EPR. Es también razonable creer que algunos sectores del gobierno federal hayan pensado que la “respuesta” del EPR fue la Comisión de Mediación. Por ende, que la tregua del EPR no deriva de una propuesta de la comisión misma; por tanto, que no está comprometido el gobierno a una aportación equivalente en importancia política a la tregua eperrista.
De esta manera, es razonable creer que el gobierno federal no ha considerado necesario avanzar ante la Comisión de Mediación con clara voluntad política para despejar el proceso de diálogo.

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August 23, 2008
8:28
“Nulo avance procesal” para presentar a los dos eperristas desaparecidos
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La comisión mediadora demanda al gobierno “real voluntad política” ante el caso

■ El escritor Carlos Montemayor pide acceso directo a información de Sedena, Cisen y PGR

Patricia Muñoz Ríos

La comisión mediadora entre el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el gobierno federal presentó ayer un informe en el cual establece que los militantes de esa organización Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez fueron víctimas de “desaparición forzada” por fuerzas del Estado o con la anuencia de éste.
Pidieron, asimismo, al PDPR-EPR que reconfirme la tregua y al gobierno federal que manifieste su “real voluntad política” y presente con vida a los dos activistas desaparecidos.
El informe puntualiza que “no se ha reflejado en acciones concretas la existencia de una real y efectiva voluntad política de parte del gobierno federal para investigar y dar a conocer el paradero de los dos militantes del EPR, así como para encontrar a los responsables intelectuales y materiales de su detención y desaparición en los ámbitos de las autoridades políticas, militares o policiacas, o de organismos de inteligencia en alguno de los tres niveles de gobierno”.
El escritor Carlos Montemayor leyó el informe, en el cual se plantea que la desaparición forzada es un delito de lesa humanidad tipificado en convenciones internacionales; que hay nulo avance de las acciones procesales para dar con el paradero de los militantes del EPR, y que las informaciones recabadas por la comisión mediadora apuntan a que ambos eperristas fueron detenidos por agentes del Estado o por personas o grupos que actuaron con la autorización y el apoyo gubernamentales.
Explicó que el proceso de mediación necesita ahora que tanto el EPR como el gobierno federal, “aclararen con nitidez la actitud que están dispuestos a asumir”, ya que se ha llegado a un punto que podría ser “sin retorno” para este asunto, o bien, que podría permitir un avance cualitativo si se lleva el caso al plano político y no se detiene en el nivel procesal.
Aún no acababa la conferencia cuando la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado en el que por primera vez reconoció que la Procuraduría General de la República (PGR) investiga el caso de los eperristas “sin limitación alguna bajo el tipo penal de desaparición forzada de personas”.
La dependencia reiteró al PDPR-EPR y a la comisión su propósito de entablar “un diálogo serio y comprometido” con la verdad, la paz y la conciliación, y sostuvo que “la autoridad judicial determinará la verdad jurídica con base en los elementos de prueba existentes”.
Señaló que los familiares de Edmundo Reyes y Alberto Cruz tendrán acceso a los expedientes del caso para que presenten los elementos que así consideren pertinentes para explorar toda línea de investigación, y además se comprometió a aplicar la ley a quienes violenten la libertad de las personas.
Al respecto, Montemayor señaló que esto es un “cambio súbito” del gobierno federal, que en primera instancia se negaba a reconocer que se trata de un asunto de desaparición forzada y no de secuestro, pero además, porque la comisión recibió ofrecimientos, una y otra vez postergados, de acceso a los expedientes procesales y ninguna respuesta a la petición de poder conocer documentos jurídicos, políticos e incidentales presentados por la misma.
Subrayó que el comunicado oficial no tiene ninguna relevancia ni responde a las consultas que ha llevado a cabo la comisión. “Es un comunicado en el que la Secretaría de Gobernación informa que la averiguación previa 047/2008 tiene una hipótesis procesal de desaparición forzada de personas, pero nada más. Lo que planteamos los integran- tes de la comisión es que el proceso de mediación necesita un nivel de información y acceso directo a instancias como el Ejército, el Cisen y la PGR”, declaró en entrevista posterior.

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Los límites de la mediación
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Gilberto López y Rivas

Las negociaciones de conflictos armados en el interior de los estados se establecen cuando existe un mínimo de voluntad política para realizar cambios sustanciales y estructurales que resuelvan las causas que dan origen a la confrontación violenta. La dificultad radica en que los grupos en el poder no están dispuestos a pagar los costos políticos para construir un escenario viable de solución pacifica y optan por administrar los conflictos en espera de utilizar las vías policiales y militares. Sin embargo, no es imposible el recurso de la paz. Durante la guerra contrarrevolucionaria contra el gobierno sandinista de los años 80, que apoyó económica, militar, política y diplomáticamente Estados Unidos, se crearon las condiciones para una beligerancia distinta contra ese gobierno por parte de los pueblos indígenas de la Costa Caribe de ese país que se consideraron “invadidos” por los “españoles” del Pacífico.
En los primeros años de la revolución, el FSLN cometió graves errores políticos que dieron sustento socio-étnico a esa guerra en la región atlántica. Estas características del conflicto etnia/Estado nacional fueron finalmente comprendidas y asumidas por el gobierno sandinista hacia finales de 1984, dando inicio a una negociación con los rebeldes con base en una propuesta que propició una salida pacífica a la lucha fratricida que se vivía. Fue así como se estableció un régimen de autonomía reconocido constitucionalmente, con su correspondiente estatuto autonómico.
Hubo en este caso una voluntad política del Estado revolucionario decidido a satisfacer de fondo las demandas de los levantados en armas, pese a las posiciones en contra en el interior del propio grupo gobernante y no obstante el peligro geoestratégico que representaba reconocer las autonomías en al menos 40 por ciento del territorio nacional frente a las pretensiones de Estados Unidos de derrocar militarmente al gobierno revolucionario.
La historia mexicana lamentablemente muestra hasta el presente una secuela de traiciones marcada por los asesinatos de dirigentes revolucionarios como Zapata, Villa, Rubén Jaramillo, o el incumplimiento de lo pactado, como ocurrió con los acuerdos de San Andrés, firmados el 16 de febrero de 1996 por el EZLN y el gobierno federal.
Estos antecedentes hay que recordarlos para entender los límites de un grupo de mediación que desde la sociedad civil ha pretendido infructuosamente desde abril de este año y hasta la fecha dar con el paradero con vida de los dos militantes del PDPR-EPR que en mayo de 2007 fueron detenidos/desaparecidos en un acto criminal que la jurisprudencia tipifica como “desaparición forzada” y, por consiguiente, con la participación de agentes del Estado mexicano como victimarios.
Presionado por el fundado Informe de la Comisión de Mediación del 14 de agosto, el gobierno federal reconoció formalmente por primera vez a esta instancia con ese nombre y aceptó en definitiva en esa misma fecha que se trata de un caso de “desaparición forzada” por medio de un escueto boletín de prensa.
Al expedir su comunicado, la Secretaría de Gobernación se obliga, paradójicamente, a encontrar a los responsables de la detención/desaparición dentro de las filas del “Estado mexicano”. Este sorpresivo cambio de posición lleva explícita a una pregunta lógica: ¿existe la voluntad política del encargado del Ejecutivo federal (finalmente la más alta autoridad garante de cumplir con el estado de derecho) para ubicar y entregar a la justicia a los responsables de la detención/desaparición y presentar con vida a los eperristas, cueste lo que cueste o, como retóricamente se afirma en el medio político, caiga quien caiga? ¿Hay disposición de investigar a los mandos de la Armada, el Ejército, su sección segunda (Inteligencia), Cisen, AFI, Ulises Ruiz y sus asociados (por no decir cómplices), secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública, Ministerios Públicos, procurador estatal, procurador general de la República que eventualmente podrían estar relacionados con este crimen de lesa humanidad ocurrido en Oaxaca en mayo de 2007?
¿Será que por fin se conocerá el resultado de las más 10 mil hojas de investigación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? ¿Este organismo también incumplirá su responsabilidad y dará carpetazo, o encontrará un conveniente “chivo expiatorio” en los más bajos niveles del Estado mexicano? ¿Por qué los medios masivos de comunicación –a excepción de La Jornada (que fue de los pocos diarios que publicaron el Informe completo en su edición electrónica)– dieron un tratamiento epidérmico y en algunos casos equívoco a las conclusiones de la comisión, cuando anteriormente las noticias sobre los dos militantes desaparecidos del EPR merecieron inusitada atención?
Por su parte, la Comisión de Mediación decidió, con base en los 39 puntos de Acciones Oficiales y Evaluaciones Diversas, enlistados en su Informe, así como en los siete puntos incluidos en las conclusiones y el Anexo técnico sobre la desaparición forzada de persona como delito de lesa humanidad, “dejar en claro a la ciudadanía, a los medios informativos, a sectores interesados del gobierno federal y al PDPR-EPR, la naturaleza de las consultas, análisis y tareas que dicha comisión ha realizado. Asimismo, y de manera esencial, que el proceso de mediación necesita ahora que aclaren con toda nitidez la actitud que están dispuestas a asumir las dos partes interesadas: el gobierno federal y el PDPR-EPR. Necesitamos una reconfirmación de la tregua del PDPR-EPR y una real voluntad política del gobierno federal que se refleje en la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez y que en adelante permita el diálogo directo de la Comisión de Mediación con Sedena, el Cisen y la PGR”.

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