A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A LA OPINION PÚBLICA
Los respectivos desgobiernos -calderonista, y ulisista en el estado de Oaxaca- se empeñan en mantener sus mecanismos de represión sistemática y de permanente violación a los derechos humanos y a las garantías constitucionales. Así lo demuestran los procesos de agresión indiscriminada contra la vida comunitaria de diferentes pueblos indígenas en Oaxaca y en muchas otras partes, situación que se sigue incrementando de manera preocupante. Además de las políticas de robo y de saqueo, también la violencia, se desprende de las arcas del poder, desde las cuales muchos funcionarios públicos, que obedecen a intereses políticos o económicos muy particulares, se relacionan con autoridades corruptas, caciques o personajes siniestros, en una lógica de corrupción que viene creciendo desde las instituciones y desde el interior de las estructuras de gobierno.
El Estado, en muchos casos, no trata de ver la solución de diferentes problemas, sino que, al contrario, es quien los genera y solo actúa con la violencia institucional para mantener un control, por ello existen cientos de presos políticos en el país, asesinatos impunes, persecución y hostigamiento para quienes no estén de acuerdo con dichas políticas. Se nos trata de engañar a través de los medios que se busca la institucionalidad, la justicia, el respeto al Estado de Derecho y la defensa de los derechos humanos, pero en la realidad, los órganos que están para impartir justicia, protegen a delincuentes como Ulises Ruiz, Mario Marín o Enrique Peña Nieto, el Estado reprime y encarcela a los luchadores sociales y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es solo un aparato al servicio del poder político y del dinero, que trata de frenar los reclamos de justicia, que no conmina a ninguna autoridad a respetar la ley y que avala totalmente la violencia y los crímenes de Estado.
Muestra de todo ello es que desde hace casi treinta años, los habitantes de la comunidad de San Pedro Yosotatú, perteneciente al municipio de Tlaxiaco, en la mixteca Oaxaqueña, vienen padeciendo toda una serie de abusos e injusticias, por parte de personajes de la misma comunidad, liderados por el cacique Andrés Castro García, financiados por instituciones de gobierno como la Secretaría de la Reforma Agraria y protegidos por las autoridades judiciales y por los desgobiernos federal y estatal.
Tan solo desde el año 2007 han sido asesinadas 9 personas, hechos que se relacionan a toda una serie de delitos perpetrados contra quienes defienden los intereses de la comunidad y se han opuesto a Andrés Castro. Esta situación ha sido utilizada por las autoridades judiciales y por los caciques, para amañar los procesos e inculpar a los mismos comuneros que, siendo los que viven bajo la amenaza constante de las agresiones, los asaltos y los asesinatos, también viven bajo la amenaza de ser detenidos y procesados por esos mismos delitos. Recientemente, el 24 de diciembre de 2007 fue asesinado el dirigente del ejido Placido Abraham López Castro y el 14 de enero de este año fue asesinado Joel García Castro, dirigentes ambos que habían emprendido la lucha en defensa de esta comunidad. Actualmente el clima que se vive en la comunidad es de constante zozobra y represión, sembrada por el mismo gobierno.
Por otro lado, pero enmarcado en la misma situación, se encuentra el caso particular del Municipio Autónomo de San Juan Copala, donde la amenaza de represión esta latente, ya que el gobierno y algunas organizaciones priístas quieren hacerlos ver ante la opinión pública como los principales responsables de la desaparición de dos jóvenes indígenas triquis: Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, con esto solo intentan preparar el terreno para realizar detenciones de líderes comunitarios y la militarización de la zona, como lo demuestran las ordenes de aprehensión en contra de nuestros compañeros: José Ramírez Flores, actual Presidente del Municipio Autónomo y Timoteo Alejandro Ramírez, líder natural de nuestro pueblo y principal impulsor de la autonomía triqui, queriendo desaparecer con ello, uno de los esfuerzos de organización de los pueblos, en base a los principios comunitarios. Cabe aclarar que el Municipio Autónomo de San Juan Copala, se suma a la demanda de presentación con vida de las dos jóvenes triquis, como también a la demanda de presentación de Victorino Silva Hernández, que se investigue para dar con los responsables de estos hechos y exige el esclarecimiento y castigo a los culpables de los recientes asesinatos de Mario Marcelino Silva y de Modesto de Jesús Flores. Otra de las manifestaciones de represión estatal tiene que ver directamente con las detenciones arbitrarias y con el constante hostigamiento hacia organizaciones y luchadores sociales como es el caso de los compañeros presos políticos de Santiago Xanica: Abraham Ramírez Vázquez, Noel García Cruz y Juventino García Cruz, quienes por defender los usos y costumbres y los recursos naturales de su comunidad, fueron detenidos el 15 de enero del 2005, como primer acto represivo de de Ulises Ruiz. Actualmente la comunidad de Santiago Xanica sufre un estado de sitio por parte de la policía estatal y una represión selectiva en contra de quienes siguen defendiendo su comunidad, tal es el caso del expreso político, César Luís Díaz, quien continua bajo proceso jurídico y bajo la constante amenaza de detención, junto con él se encuentran los casos de 8 compañer@s con órdenes de aprehensión, sumándole a esto, el constante hostigamiento contra el compañero de las Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca, Alejandro Cruz López, expreso y perseguido político del régimen de Ulises Ruiz.
También están los casos de los compañeros presos políticos del Comité de Defensa Ciudadana: Pedro Castillo Aragón, preso desde hace más de 5 años, acusado de delitos prefabricados por el gobierno, situación que jurídicamente reafirma su inocencia, así como los casos de Miguel Ángel García y Víctor Hugo Martínez Toledo, detenidos injustamente a raíz de la brutal represión contra el movimiento social, el 25 de noviembre del 2006 y el caso del compañero Catarino Torres Pereda, también perseguido político de la mafia ulisista.
Por otro lado, las agresiones también se siguen incrementando contra la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, como lo demuestran los casos recientes, en los que se les han integrado 42 órdenes de aprehensión, más cien que ya tenían integradas con anticipación y la detención arbitraria del compañero Miguel Juan Hilaria. Todo esto se suma al clima de represión y de violencia oficial que ha prevalecido en Oaxaca y a los casos de los demás compañeros presos como los 12 indígenas de la región Loxicha, el caso de Isabel Almaraz Matías, de Gonzalo López Cortés, David Venegas Reyes, Adán Mejía López, Flavio Sosa Villavicencio, Jaciel Cruz Cruz y demás compañeros presos injustamente, no solo en Oaxaca, sino en todo el país. Ante toda esta situación nos pronunciamos en contra de los crímenes y agravios cometidos a la comunidad de San Pedro Yosotatu, por el cacique Andrés García Castro, bajo la protección de Ulises Ruiz; por la presentación inmediata de Daniela Ortiz Ramírez, Virginia Ortiz Ramírez y Victorino Silva Hernández; contra el hostigamiento hacia la comunidad de San Juan Copala, contra el hostigamiento a los compañeros de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, contra el hostigamiento a los compañeros Cesar Luís Díaz, Alejandro Cruz López y Catarino Torres Pereda, por la libertad inmediata e incondicional a nuestros compañeros Pedro Castillo Aragón, Abraham Ramírez Vásquez, Juventino García Cruz, Noel García Cruz, Miguel Ángel García, Víctor Hugo Martínez Toledo, Miguel Juan Hilaria, Miguel Ramírez Paz, Roberto Cárdenas Rosas y Reinaldo Martínez Álvarez y por la libertad de todos los presos políticos y de conciencia que hay en todo el país y que luchan por sus ideas. En contra del terrorismo oficial de los gobiernos, en contra de la impunidad a los asesinados políticos, por la presentación inmediata de todos los luchadores sociales desaparecidos, contra las agresiones constantes hacia las comunidades en resistencia y por el llamado amplio a todos los sectores sociales a detener estas injusticias.
A T E N T A M E N T E
Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 27 de Febrero del 2008
Autoridades municipales de San Pedro Yosotatu, Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca (OIDHO), Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), Colectivo Autónomo Magonista (CAMA), Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS), Alianza Magonista Zapatista (AMZ), Comité de Defensa Ciudadana (CODECI), Comité de Defensa de los Derechos Indígenas-Xanica (Codedi-Xanica), Unión de Organizaciones Indígenas de la Chinantla (UNORINCHI), Consejo de Organizaciones Indígenas y Productivas de Oaxaca AC (COIPAC), Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), Frente de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra, Red de Radios Comunitarias Indígenas del Sureste, Grupo Solidario La Venta, Municipio Autónomo de San Juan Copala (MULTI).
VERSIÓN EN INGLÉS:
INFORMATIONAL BULLETIN:
TO THE NEWS MEDIA
TO THE GENERAL PUBLIC
The misgovernments of Calderon in Mexico and Ulises Ruiz in Oaxaca are bent on maintaining their mechanisms of systematic repression and permanent violations of human rights and constitutional guarantees. They've proved this through processes of indiscriminate aggression against the community life of different indigenous peoples in Oaxaca and other parts of the country, and the situation is getting increasingly worse.
Their power strongholds breed policies of robbery and plunder, as well as violence. In them, many public functionaries who are obedient to very particular political or economic interests maintain relationships with corrupt authorities, local power bosses, or sinister individuals; consequently, corruption continues to grow inside the institutions and government structures.
In many cases, the State doesn't try to find a solution to different problems; on the other hand, it generates them and only uses institutional violence to maintain control. That's why there are hundreds of political prisoners in the country, unpunished killings, and persecution and harassment against anyone who doesn't agree with their policies.
In the news media there are deceptive reports that claim advances in institutional development, justice, and a respect for the State of Law and human rights, but the truth is that the very agencies designed to administer justice only protect criminals like Ulises Ruiz, Mario Marín, and Enrique Peña Nieto. The State represses and jails social activists, and the National Human Rights Commission is merely an apparatus at the service of political power and money that tries to hinder demands for justice, fails to oblige the authorities to respect the law, and totally endorses the violence and crimes of State.
These practices can be seen in the series of abuses and injustices suffered for almost thirty years by the inhabitants of the San Pedro Yosotatú community in the municipality of Tlaxiaco, in the Oaxacan Mixteca, at the hands of individuals from the same community led by Andrés Castro García, financed by government institutions such as the Secretariat of Agrarian Reform, and protected by judicial authorities and federal and state misgovernments.
In 2007 alone, 9 people were killed in a series of crimes perpetrated against people who are defending the interests of the community and opposing Andrés Castro. This situation has been utilized by the judicial authorities and local power bosses to rig trials and blame community members, subjecting them to constant aggression, robbery, and murder and threatening them with arrest and trial for these very crimes. Recently, on December 24, 2007, the ejido leader Placido Abraham López Castro was killed, and on January 14 of this year, Joel García Castro was also killed. Both leaders have struggled to defend this community, which is now immersed in a climate of anxiety and repression created by the government itself. There is a similar situation in another case in the Autonomous Municipality of San Juan Copala, where the threat of repression is latent. The government and certain organizations of the PRI party have tried to sway public opinion against community leaders, giving the idea that they are responsible for the disappearance of two young indigenous Triqui women, Daniela and Virginia Ortiz Ramírez. In this way, they are paving the way for the arrests of the leaders and the militarization of the area, as shown by the arrest warrants out for our comrades José Ramírez Flores, the current President of the Autonomous Municipality, and Timoteo Alejandro Ramírez, the natural leader of our people and main promoter of Triqui autonomy. The aim is to vanquish the organizational efforts of the peoples based on communal principles. It is important to note that the Autonomous Municipality of San Juan Copala has joined in the demand for the presentation of the two young Triqui women, as well as the presentation of Victorino Silva Hernández, and also demands an investigation to find out who is responsible for these offenses; furthermore, it demands the clarification of the events and punishment for those who are guilty of the recent deaths of Mario Marcelino Silva and Modesto de Jesús Flores.
Another example of state repression has directly to do with arbitrary arrests and constant harassment against social activists and organizations, as is the case with our comrades and political prisoners from Santiago Xanica— Abraham Ramírez Vázquez, Noel García Cruz, and Juventino García Cruz. Due to their defense of traditional practices and customs and the natural resources of their community, they were arrested on January 15, 2005, as the first repressive act of Ulises Ruiz. The Santiago Xanica community is now under a state of siege by the state police, and there is selective repression against those who continue to defend the community. Such is the case with the former political prisoner César Luís Díaz, who still has a case against him and is under constant threat of arrest, along with eight other comrades for whom arrest warrants have been issued. Furthermore, our comrade Alejandro Cruz López of the Indian Organizations for Human Rights in Oaxaca (OIDHO), former political prisoner now persecuted by the Ulises Ruiz regime, is also subject to ongoing hostilities.
Then we have the cases of the political prisoners of the Citizens' Defense Committee (CODECI). Pedro Castillo Aragón has been held prisoner for more than five years on charges prefabricated by the government. His innocence has been demonstrated, as has that of Miguel Ángel García and Víctor Hugo Martínez Toledo, both unjustly arrested in the brutal repression against the social movement on November 25, 2006. There is also the case of the comrade Catarino Torres Pereda, who now suffers political persecution by Ulises' mafia.
In other parts of the state, attacks are increasing against the Union of Indigenous Communities in the Northern Zone of the Isthmus (UCIZONI), as shown by 42 arrest warrants recently issued, plus 100 more that already existed, as well as the arbitrary arrest of the comrade Miguel Juan Hilaria.
All of this is added to the climate of repression and official violence that has prevailed in Oaxaca, and to the case of the 12 indigenous comrades that are prisoners from the Loxicha region, and the cases of Isabel Almaraz Matías, Gonzalo López Cortés, David Venegas Reyes, Adán Mejía López, Flavio Sosa Villavicencio, Jaciel Cruz Cruz, and all the others unjustly held prisoner not only in Oaxaca, but in the country as a whole.
In view of this situation, we demand an end to the crimes and grievances committed against the community of San Pedro Yosotatu by the local power boss Andrés García Castro, under the protection of Ulises Ruiz; the immediate presentation of Daniela Ortiz Ramírez, Virginia Ortiz Ramírez, and Victorino Silva Hernández; an end to the hostility against the San Juan Copala community, against the UCIZONI comrades, against the comrades Cesar Luís Díaz, Alejandro Cruz López, and Catarino Torres Pereda; the immediate, unconditional freedom of our comrades Pedro Castillo Aragón, Abraham Ramírez Vásquez, Juventino García Cruz, Noel García Cruz, Miguel Ángel García, Víctor Hugo Martínez Toledo, Miguel Juan Hilaria, Miguel Ramírez Paz, Roberto Cárdenas Rosas, and Reinaldo Martínez Álvarez, and the freedom of all political prisoners and prisoners of conscience in the entire country who struggle for their ideals. We demand an end to the official terrorism of the governments, an end to the impunity of those who have committed political assassinations, the immediate presentation of all disappeared social activists, and an end to the constant aggression against the communities in resistance. We call on all social sectors to stop these injustices.
Respectfully yours,
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, February 27, 2008
The municipal authorities of San Pedro Yosotatu, Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca (OIDHO), Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), Colectivo Autónomo Magonista (CAMA), Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS), Alianza Magonista Zapatista (AMZ), Comité de Defensa Ciudadana (CODECI), Comité de Defensa de los Derechos Indígenas-Xanica (CODEDI-Xanica), Unión de Organizaciones Indígenas de la Chinantla (UNORINCHI), Consejo de Organizaciones Indígenas y Productivas de Oaxaca AC (COIPAC), Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), Frente de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra, Red de Radios Comunitarias Indígenas del Sureste, Grupo Solidario La Venta, Municipio Autónomo de San Juan Copala (MULTI).
